Reclamar la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional

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Rafa Casal, CEO Casal&Hidalgo

Rafa Casal, CEO de Casal&Hidalgo, nos presenta este artículo sobre la reclamación de la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

La empresa de Jerez de la Frontera “Rentas y Vitalicios, S.L.”, que se dedica a la promoción inmobiliaria, compró en 2003 unos terrenos sobre los que construyó una serie de viviendas, y que posteriormente vendió a Unicaja Banco por un 50% de su valor de tasación.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera envió a esta empresa una serie de liquidaciones por el concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también llamado plusvalía, a sabiendas de que los terrenos de “Rentas y Vitalicios, S.L.” no habían sufrido un aumento de valor, si no todo lo contrario.
Tras un periodo de litigios que ha durado tres años, finalmente, gracias a la incompetencia el Ayuntamiento de Jeréz de la Frontera, la empresa “Rentas y Vitalicios, S.L.” ha conseguido no sólo evitar el pago de la plusvalía por unos terrenos que no han incrementado su valor, si no que a través del Tribunal Constitucional, ha conseguido tumbar los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; es decir, esta empresa jerezana, ha logrado declarar inconstitucional la plusvalía municipal cuando no exista incremento del valor del inmueble.

El Tribunal se ha basado en el artículo 31.1 de la Constitución española, y ha estimado que los Ayuntamientos no cumplen con la Carta Magna cuando cobran plusvalías pese a que la venta del inmueble se produce sin obtener ninguna ganancia o incluso con pérdidas.
La sentencia recoge que a partir de la publicación de la misma, “corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”. Es decir, que el gobierno de la nación ya está trabajando en la redacción de un nuevo texto para la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Todo esto es necesario saberlo, para entender cómo nos afecta esta sentencia a nosotros.
Para empezar, a día de hoy es posible reclamar a todos los Ayuntamientos de España (excepto en los de Guipúzcoa y Álava, que ya han legislado) las plusvalías cobradas, con incremento de valor del inmueble o no, en base a la sentencia del TC; sin embargo, cuando las Cortes Generales legislen y sustituyan los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es probable que ya no se pueda reclamar.

Como esta sentencia afecta económicamente en gran medida a todos los consistorios españoles, que se lucraron gracias al bolsillo del ciudadano, cabe la posibilidad que el poder legislativo redacte un articulado que limite las reclamaciones después de su publicación.
De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha aprobado un acuerdo donde se propone que el Estado compense a los Ayuntamientos que tengan que devolver las plusvalías, evidenciando que los consistorios se han lucrado sobremanera a costa de un impuesto que no tenía en cuenta el poder adquisitivo del ciudadano.
Decía el que fuera ministro del rey de Francia Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, que “el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menos ruido”, por este motivo, para salvaguardar nuestras plumas, es ahora el momento de reclamar lo indebidamente pagado.
De hecho, es actualmente, y no a futuro, cuando incluso las plusvalías a ganancia se pueden reclamar, ya que hasta que el legislador no lleve a cabo una modificación de los artículos declarados inconstitucionales por el TC, no pueden ser aplicados por la Administración, puesto que nos encontramos ante un vacío normativo en lo que a este impuesto se refiere; y en consecuencia, procede la devolución del total de lo abonado en concepto de plusvalía por el contribuyente.