¿Qué hacer si okupan mi vivienda?

La nueva Ley 5/2018 propone un procedimiento más efectivo y ágil para recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente.

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¿Qué hacer si okupan mi vivienda?
¿Qué hacer si okupan mi vivienda?
Por Mª Encarnación Ortega Escudero, abogada socia de RuaCals Abogados.

El 2 de julio 2018 ha entrado en vigor la nueva Ley 5/2018, de 11 de junio,modificando la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas que facilitará a sus legítimos propietarios la recuperación de los inmuebles ilegalmente ocupados de forma mucho más rápida y fácil. La norma pretende crear un nuevo cauce procesal, una variante del juicio verbal posesorio previsto en el artículo 250.1.4º LEC para dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza.

Hasta ahora, el periodo de tiempo que transcurría desde el inicio hasta el final(con el lanzamiento efectivo) de los procedimientos recogidos en la vía civil para conseguir el desalojo de los inmuebles asaltados por la fuerza, se dilataba en el tiempo, prolongando excesivamente la espera de los legítimos poseedores del inmueble para recuperar su propiedad. Con el consiguiente perjuicio económico para el verdadero dueño o poseedor legal.

Con el objeto de frenar la sensación de impunidad que la ciudadanía tiene con relación a los ocupas, acabar con la indefensión de los propietarios de estos inmuebles y dotarlos de un mecanismo breve y práctico, la nueva Ley 5/2018, propone un procedimiento más
efectivo y ágil para recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente. La reforma modifica el juicio verbal posesorio previsto en el artículo 250.1.4º LEC articulando un procedimiento  destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo poseedor, pero con un ámbito de aplicación limitado: en relación al propietario o poseedor, el nuevo procedimiento ampara a la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Quedan fuera los supuestos en que el poseedor despojado sea una persona jurídica en la que no concurra la nota de ausencia de lucro.

En relación a la vivienda, el nuevo procedimiento va dirigido sólo a inmuebles que tengan la consideración de vivienda, sin distinción de que se trate de vivienda habitual o de segunda vivienda, pero excluyendo a locales de negocio. Para la recuperación del inmueble se puede actuar por la vía penal, amparándose en los artículos 245 y siguientes del Código Penal, referidos al delito de usurpación. Se pueden iniciar dos acciones contra el ocupante en función de si ha habido violencia o intimidación a la hora de entrar en la casa.

Los casos en los que exista esa violencia o intimidación se encuentran recogidos en el artículo 245.1 del Código Penal (penas de hasta dos años de cárcel), mientras que, en caso contrario, se configuran como delitos leves (multa de hasta seis meses) o por la civil, que es la que ha sido modificada, en la que existen cuatro acciones diferentes.

La demanda podrá dirigirse tanto contra la persona concreta  que estuviese ocupando la vivienda y cuyo nombre se conociera, como contra cualquier ignorado ocupante de la misma,  a cuyo efecto la notificación se efectuará con acompañamiento de agentes de la autoridad, con el fin de que los mismos puedan pedir la identificación de dichos ocupantes desconocidos.

Efectuada la notificación de la demanda, el ocupante u ocupantes tendrán un plazo de cinco días para aportar el documento que justifique su ocupación, y si no se aportara justificación  suficiente  a criterio del Juzgado, éste ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda  al demandante, con el consiguiente lanzamiento de sus ocupantes, y  sin que exista recurso alguno contra esta resolución, aunque sin perjuicio de que prosiga su trámite normal el procedimiento judicial  del que ha sido causa, hasta que se dicte Sentencia definitiva. Pero en cualquier caso ya se habrá producido la previa entrega de la posesión al demandante.

Una de las novedades más a destacar es que la nueva ley no exige saber el nombre de los ocupantes de la vivienda, pudiendo interponerse la demanda contra “los desconocidos ocupantes de la misma”, lo cual facilita mucho las cosas al propietario porque el conocer el nombre de los ocupantes era uno de los asuntos que más obstaculizaba la interposición de la demanda con la antigua ley.

El propósito fundamental de la nueva ley es aminorar considerablemente el tiempo en recuperar la propiedad por parte de los propietarios, para ello una vez admitida la demanda, el ocupante tiene cinco días para justificar documentalmente su ocupación, esta justificación se resolverá mediante auto irrecurrible. Si los ocupantes no aportan documentación en estos cinco días el Juez dictará una sentencia en la que se puede solicitar el lanzamiento directamente sin esperar su firmeza.

Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, también se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 LEC.

Si bien la efectividad de la nueva ley dependerá mucho de los posibles atascos judiciales, también es verdad que los trámites se reducen por lo que la recuperación del inmueble indudablemente será mucho más rápida.