FEDEME,CES, FICA y Cámara de Comercio solicitan una reunión de manera urgente a la Ministra de Defensa para abordar el futuro de Santa Bárbara

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En un encuentro coordinado celebrado entre los principales representantes de las patronales sevillanas, se ha puesto sobre la mesa el profundo malestar y la preocupación existente ante el riesgo de deslocalización de la actividad industrial en la factoría alcalareña, tras conocer de primera mano los planes para la planta andaluza

Los representantes de los empresarios sevillanos, agrupados en la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la Cámara de Comercio de Sevilla; y la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra, FICA, una vez mantenidos los primeros contactos con la dirección local de Santa Bárbara Sistemas (SBS), así como con representantes sindicales y los consejeros Rogelio Velasco y Rocío Blanco, titulares de Industria y Empleo de la Junta de Andalucía, han solicitado este jueves una reunión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar de manera urgente el futuro de la fábrica alcalareña ante el riesgo latente de deslocalización de la actividad industrial en esta planta.

Conocidos de primera mano los planes para la factoría de Alcalá, los empresarios sevillanos se muestran profundamente preocupados, por lo que desean trasladar a la ministra la necesidad de actuar con máxima prioridad y de forma coordinada ante esta problemática, entablando de forma inmediata un diálogo con la compañía que evite el trasvase definitivo de toda su actividad productiva hacia la factoría asturiana de Trubia y el consecuente varapalo que esta decisión supondría en el plano económico y para la propia imagen de la provincia como enclave industrial.

La industria de defensa terrestre es una industria tractora clave de la provincia de Sevilla, que genera alrededor de 800 puestos de trabajo, directos e indirectos, en torno a la que pivota un importante ecosistema de empresas auxiliares, formado por unos 250 proveedores, cuyo futuro quedaría en el aire de producirse finalmente el trasvase de toda la actividad productiva de la factoría de SBS en Sevilla hacia su planta asturiana.

Con independencia de que este plan de reestructuración responda a intereses estratégicos de la compañía, desde estas patronales no se entiende cómo a nivel nacional, regional y local se promueven políticas industriales encaminadas a ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la industria, donde se prioriza la colaboración público-privada, y que puedan darse situaciones como estas que den lugar al desmantelamiento de toda una industria, la de defensa terrestre, con una trayectoria histórica en Sevilla, capacitada y cualificada, cuya pérdida supondría un verdadero fracaso a nivel económico, laboral y político. Por este motivo, dentro del marco de actuaciones acordado por parte de estas patronales sevillanas, también se han solicitado reuniones con los secretarios generales del PSOE de Sevilla y Andalucía, Javier Fernández de los Ríos y Juan Espadas Cejas, respectivamente, al objeto de extraer de ellos un compromiso de actuación en relación con este asunto. 

Sevilla cuenta con importantes empresas tractoras en diferentes ámbitos industriales, de referencia internacional, como son Renault, en automoción; Airbus, en aeronáutica o Cobres La Cruces, en minería. “Dejar escapar a Santa Bárbara no es una opción”, recalca el presidente de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve, quien además insiste en que “después de todo lo que llevamos vivido debemos aprovechar nuestras capacidades para seguir generando industria en nuestra provincia y no dejar pasar carros como el de Santa Bárbara. Es el momento del diálogo coordinado y de que nuestros políticos entren en juego”.

Por su parte, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha explicado que de ello depende en gran medida el futuro de la industria auxiliar de la provincia y cientos de puestos de trabajo. “Sevilla necesita una industria potente si quiere tener futuro y salir cuanto antes de esta crisis”, ha dicho Rus, quién, además, ha recordado el gran impacto que la pandemia ha tenido en el tejido productivo sevillano, por lo que “entre todos tenemos que poner en marcha mecanismos que impulsen la actividad industrial de la provincia para que no se quede a la cola de España y no se pierda ni un puesto de trabajo más, Sevilla no puede ser la gran olvidada, es urgente mantener y atraer proyectos e infraestructuras que generen actividad económica, empleo e inversión”. 

Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero ha solicitado a la ministra de Defensa que “haga cumplir el compromiso que se adquirió con la empresa. No podemos entender que se perjudique a esta zona y se vaya produciendo un desmantelamiento industrial que traerá graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico de la provincia.”

Además, el presidente de FICA, Carlos García Gandul, ha dicho que “el Ministerio de Defensa debe de velar por el cumplimiento de lo comprometido, manteniendo la actividad de la fábrica de Santa Barbara en Alcalá de Guadaira, favoreciendo así a la industria auxiliar sevillana y garantizando el empleo y la viabilidad de la factoría”. 

Sevilla con la industria de defensa terrestre

Las organizaciones empresariales sevillanas siempre han defendido la continuidad de la industria de defensa terrestre en la provincia, tal y como quedó patente meses atrás cuando el Ministerio de Defensa declaró desierto el concurso del nuevo carro blindado para el Ejército español al que aspiraba la UTE encabezada por Santa Bárbara. Ya entonces, estas patronales mostraron su preocupación ante las desastrosas pérdidas de este contrato, instando a la búsqueda urgente de alternativas y manteniendo encuentros al más alto nivel para la búsqueda de soluciones y la recuperación del contrato de este programa que representaba importantes expectativas económicas y laborales en la ciudad (en torno a 650 empleos directos y otros 1.000 indirectos) y que garantizaba una actividad industrial vinculada al proyecto durante al menos 40 años.  

Tal y como ya ha advertido la propia ministra de Defensa, la medida acordada ahora por la empresa podría suponer un incumplimiento del contrato que se le otorgó para la ejecución de dicho programa, en cuya adjudicación, sostiene Margarita Robles, se tuvo en cuenta, fundamentalmente, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.